Tamaulipas 14 de agosto.-  M.* y su hijo de 8 años ya habían pasado por las manos de tres coyotesdesde que salieron de Honduras; habían tenido que rogarle a policías mexicanos para que no los devolvieran a su país; se habían montado en taxis, en tráilers, habían caminado decenas de millas. Ya solo faltaba una última parada en la que un cuarto coyote los ayudaría a cruzar el río Bravo por Reynosa.

Los montaron en una troca, y a ellos y otras 8 personas más los llevaron a una casa y allí los encerraron. Ella pensó que era cuestión de minutos para salir, le hacía ilusión llegar a Nueva York, donde vive su hermana.

Cuatro hombres entraron entonces a la habitación, encapuchados y con armas. 

“Nos dijeron que eran el Cartel del Golfo, que ellos cuidaban esa zona ahí y que ellos eran migración, que eran todo”,relata la madre de 43 años. Desde ese momento, estuvieron encerrados y muertos del miedo, sometidos por esta organización criminal que opera con fuerza en Tamaulipas y que M. jamás había escuchado nombrar, hasta ese día de julio de 2019.

Por la liberación de ella y su hijo estaban pidiéndole a la familia 12,000 dólares: 6,000 dólares por cada uno. Les dieron 17 días para acumular la cifra. Mientras tanto, los presionaban enviándoles fotos de la madre y su niño amarrados de manos y pies; los llevaban al límite de la angustia haciéndoles creer que el niño había sido separado de M. “Le decían que, si no pagábamos, al niño le iban a sacar los órganos, que obvio, lo iban a matar, y a que a mí me iban a vender”.

“A mí no me pegaba hambre, no dormíamos”, recuerda M. aún con pánico. “Y el niño estaba aterrorizado por cómo lo amenazaban, no comía, lloraba, ni al baño iba porque tenía miedo de que los hombres le iban a salir”, agrega.

Ella no sabía de dónde es que su yerno —a quien llamaron para que juntara el rescate— iba a sacar esa cantidad de dinero. “Lo que se me venía a la mente es que nos iban a matar. La única opción que tenía yo era clamarle a Dios”.

M. y su hijo abandonaron Honduras el 14 de junio de 2019 porque ella quería para su hijo un futuro lejos de la pobreza en la que vivían. En Estados Unidos, pensó antes del secuestro, él podría tener una buena educación y ella cumpliría su meta de tener una casa propia en la que los dos pudieran vivir en paz.

M. espera su fecha en una corte de Estados Unidos en México. Ella es una de las decenas de centroamericanos que han sido víctimas de la violencia que impera en los estados fronterizos por el dominio de los cárteles y organizaciones criminales.

Una alegría, pero breve

“Pues ya pagaron tu dinero”, le dijeron a M. los del cartel 19 días después del inicio de su secuestro. Ella tomó a su hijo y salieron.

Hasta donde supo, otros cinco secuestrados pudieron salir tras el pago de un rescate, uno de ellos con la ayuda de un primo de M. en Estados Unidos, quien completó lo que le faltaba a una madre para poder ser liberada con sus dos hijos. Por ellos pedían 15,000 dólares.

A M. y a su hijo los llevaron entonces hasta el río con la instrucción: “Dejen que los atrape inmigración”. Así hicieron y llegaron a Texas a salvo.

“Estando en Texas (en custodia de la Patrulla Fronteriza, CBP), nos enteramos el segundo día de que nos trasladaban a San Diego, California”, narra. Allí le preguntaron quién los recibiría en Estados Unidos, y ella respondió que su hermana, que está en Nueva York. “Ah, pues sí, allá la van a mandar”, le prometieron.

Pero cuando llegaron a la estación de procesamiento de CBP en San Diego, los sentaron a todos en el suelo en una fila. “Nos dicen: ‘Les tengo una buena y una mala noticia: la mala es que van todos para México y ahí les vamos a dar un permiso para que anden por todo México y para que ustedes ahí puedan pelear el asilo. No es que a todos se los van a dar'”, les advirtieron.

M. se sintió decepcionada. “Yo les dije a los que me tomaron la declaración: ‘Yo no puedo volver a México porque a mí me secuestraron, ¿no hay una forma de que me puedan ayudar? ‘No, lo sentimos, vas para México'”, le respondieron.

“Mami, tengo miedo”

M. y su hijo viven en un albergue del lado mexicano, en una ciudad con altos índices de criminalidad y donde tres cárteles (el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y los Arellano Felix) se disputan el control de la zona.

Ellos son dos de los cerca de 20,000 migrantes que han sido regresados a peligrosas ciudades del país vecino para esperar la resolución de sus asilos bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), conocido como Remain in Mexico.

A M. y a su hijo les toca su primera corte en enero, cinco meses después de ser llevados a México. Ella asegura que no salen a ningún lado, ni a buscar trabajo, porque sienten miedo. Teme que alguien más les pueda hacer daño o que los del cartel los encuentren. Confiesa que se sentía más segura en su Honduras.

El niño, cuenta, aún sufre. Algunas noches se levanta con pesadillas. “Me dice: ‘Mami, tengo miedo’. No, hijo, no tenga miedo porque nada malo nos va a pasar”, le responde. Ella ha optado por no hablarle del secuestro: “¿Para qué voy a estar recordándole cosas feas?”, dice.

La migración que han vivido no se parece en nada a la que M. imaginó cuando empacó unas pocas cosas en Honduras. Por ahora, ella no ve cerca ni la casa que soñó ni una mejor educación para su hijo en Estados Unidos. Aún así, asegura, ni ella ni el niño quieren regresar a la pobreza de su país.

*Solo se utilizó la inicial de esta migrante por su seguridad y la de su hijo.

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