Con modificaciones, el Senado aprobó en lo general y lo particular reformas que combaten la defraudación fiscal a través de empresas fantasma y la compraventa de facturas falsas, y la tipifican como delincuencia organizada.

El PAN adelantó que presentará una acción de inconstitucionalidad por considerar como erróneo que la defraudación sea vista como un riesgo para la seguridad nacional, y señaló que lo aprobado es “terrorismo fiscal“.

Las reformas a las Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Código Fiscal de la Federación, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, fueron enviadas a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación.

Entre los cambios de último momento, avalados por Morena, MC, PT, PVEM, y el PES, se encuentra que la defraudación fiscal ameritará prisión preventiva oficiosa “únicamente” cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones de pesos.

Por lo que cuando el valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados no superen dicho margen, el responsable podrá enfrentar el proceso penal en libertad y, en caso de demostrarse su culpabilidad, tendrá una pena de dos años.

A pesar de los cambios realizados, el dictamen fue duramente criticado por senadores de oposición, quienes votaron en contra al considerar que el documento contempla medidas excesivas y una estrategia de “terrorismo fiscal“.

El artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación fue modificado al quedar que se impondrán sanciones de dos a nueve años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, compre o adquiera comprobantes fiscales (facturas) inexistentes, falsas o simuladas.