Si en un rancho en Texas algún ciudadano encontrara petróleo debajo de su propiedad, la explotación del recurso podría generar una fortuna y habría muchas razones para festejar. En cambio, si ese hallazgo sucediera en territorio mexicano, sin contar la posibilidad de que los grupos del “crimen organizado” se apropien de él, habría muchas razones para preocuparse.

Lo más probable es que los que lo encuentren tratarían de ocultar que el hidrocarburo se encuentra en su propiedad, pues en cuanto el gobierno de México o una compañía se entere de que debajo del terreno existe petróleo o gas, los despojaría de él y de manera legal.

Indígenas que perdieron sus tierras en Chiapas

Con la entrada en vigor el 21 de diciembre de 2013 de la Reforma Energética, los dueños de terrenos, campesinos, ejidatarios y las comunidades indígenas no podrán rechazar las ofertas de las empresas privadas o productivas del Estado, de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica promulgada por Enrique Peña Nieto.

¿Qué opciones existen?

De acuerdo con las leyes mexicanas, es posible ser dueño de la tierra pero no de los recursos que guarda el subsuelo. En su caso, los dueños de la tierra podrán negociar un acuerdo con aquellos que quieren explotar los recursos energéticos de su terreno, pero si no se concreta, será el Estado el que ordenará los pagos que le corresponden.

Por contradictorio que parezca, una de las opciones de la ley es ” no negarse a ceder su tierra”. Se trata de una negociación forzada donde el dueño o los dueños de la tierra deberán aceptar la ocupación temporal y el pago de una contraprestación por el uso de su tierra.

Las empresas que estén interesadas en explotar los recursos del subsuelo deberán informar por escrito al dueño del terreno y notificar a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano(Sedatu) que se ha iniciado una negociación con el propietario.

Los propietarios podrán recibir dos tipos de contraprestaciones. Una por pagos que las empresas están obligadas a cubrir y otra por las afectaciones que puedan ocurrir durante la ocupación del terreno. La ley establece que se deberá incluir un pago entre el 0.5 y 3% de los ingresos que genere por la comercialización de hidrocarburos.

La Ley de Hidrocarburos como la Ley de Industria Eléctrica señalan que las actividades son de utilidad pública, la actividad energética en México esta por encima de cualquier otra actividad económica.

¿Qué pasa si no acepto?

Cuando un dueño de un terreno no acepte las condiciones, según la ley, tendrá 180 días desde la notificación de la empresa para que su caso pase a un Tribunal Agrario o en su caso a un Juez de Distrito en materia civil.

Si por el contrario, el caso no se resuelve en los tribunales, la Sedatu será la encargada de sugerir los pagos que recibirán los propietarios de los terrenos.

Si no existe negociación después de un mes, dicha secretaría solicitará al Poder Ejecutivo que ordene una ” servidumbre legal” para que la empresa comience con sus actividades pero entregando las contraprestaciones que fueron señaladas.

La llamada servidumbre legal, que no podrá durar más de 30 años, permitiría a los inversionistas hacer uso pleno de las tierras durante el tiempo del contrato, logrando que las empresas o contratistas puedan llevar a cabo todas las actividades en los terrenos limitando a sus propietarios sólo al dominio de su propiedad.

El concepto servidumbre legal, en otras palabras comprende el “derecho de tránsito de personas; el de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo; el de construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura o realización de obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo y vigilancia de las actividades amparadas por virtud de un Contrato o Asignación, así como todos aquellos que sean necesarios para tal fin”, señala el Artículo 109 de la Ley de Hidrocarburos.

Aunque los dueños de los terrenos y los contratistas pueden llegar a una indemnización monetaria, esta también podrá ser entregada en especie por lo que se debe tener cuidado en el momento de firmar un acuerdo.

En México los estados de Sonora, Coahuila, Nuevo Léon, Tamaulipas y Veracruz se han convertido en campos de prueba en la batalla legal de juicios agrarios tras la búsqueda de gas y petróleo.

Durante la llamada ronda Cero el estado mexicano otorgó 111 concesiones a empresas privadas para nuevos proyectos de exploración de yacimientos, dichos paquetes se estima que generarán inversiones por más de 30,000 millones de dólares para los próximos 25 años.

Con la llamada reforma energética, en algunos casos, los dueños de tierras y campesinos han sido despojados de sus propiedades para explotar la riqueza del subsuelo por parte de compañías privadas y públicas. Existen ejemplos en donde grandes compañías y el Estado Mexicano se han negado a pagar los daños ecológicos ocasionados, inclusive antes de la entrada en vigor de la Reforma Energética.

Aunque los tribunales agrarios tienen la función de garantizar que los derechos de los dueños y de los ejidatarios se respeten, los tribunales dejan mucho que desear ya que cuentan con un rezago superior al 80% de los casos que atienden. Se calcula que más del territorio nacional se encuentra en manos de ejidos y comunidades indígenas y no bajo propiedad privada.

Según la Sedatu, tan sólo en el estado fronterizo de Tamaulipas hasta finales de 2018 más de 180 juicios agrarios se mantenían como pendientes, en algunos casos los expedientes datan de 40 a 60 años atrás.

Desde que la empresa productiva del Estado Pemex amplió la búsqueda de Shale Gas en estados como Tamaulipas, Nuevo Léon y Coahuila, algunos contratistas también se han enfrentado al control del crimen organizado.

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