Cd. de México (04 agosto 2019).- A punto de volver a clases millones de universitarios en el País, el panorama financiero, laboral y de cupo insuficiente pone en jaque a las instituciones públicas de educación superior.

El panorama es cardiaco: una deuda de mil 600 millones de pesos de autoridades a universidades públicas, 11 de éstas operando con números rojos, amenazas de paros y la pugna de jóvenes para acceder a un lugar.

El actual Gobierno ha emitido alternativas para que aquellos que no fueron admitidos en universidades públicas puedan estudiar alguna licenciatura; sin embargo, aspirantes advierten que las opciones no cumplen las expectativas o implican gastos que no pueden cubrir.

Maestros, jóvenes y sindicatos exigen al Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir con las promesas que hizo durante su campaña electoral. Entre éstas, eliminar los exámenes de admisión, cumplir con la universalización de la educación y dotar a las instituciones del presupuesto suficiente para operar.

Crisis en 11

Líderes de sindicatos universitarios han alertado que la situación financiera en 11 universidades es crítica. Remarcan que el problema es tan grave que para el mes de septiembre ya no tendrán dinero para pagar a empleados; por lo tanto, advierten que si no hay solución, habrá paros.

Enrique Levet Gorozpe, secretario de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), recuerda que esta situación surgió a finales de 2018 y, aunque autoridades prometieron más recursos y soluciones para que esto no volviera a ocurrir, no se ha cumplido con ello.

En octubre de 2018, por déficit presupuestal, académicos y administrativos de 14 universidades iniciaron una serie de paros. Las manifestaciones, protestas y brazos caídos se disuadieron cuando la autoridad otorgó entre diciembre de ese año y enero de 2019, 2 mil 500 millones como recursos extraordinarios para pagar adeudos a empleados.

La problemática tiene que ver con la falta de recursos que se asigna a las universidades y el sistemático recorte que ha habido desde 2016 a las universidades públicas“, comenta Gorozpe.

“Es lamentable que una institución como la universidad pública, que ha proporcionado elementos altamente profesionales para resolver las necesidades y encaminar todos los esfuerzos y el crecimiento de los estados, hoy sean desatendidas completamente”, agrega.

Desde hace tres años, dice, el Gobierno empezó a hacer recortes de fondos extraordinarios que se le entregaban a las universidades y el incremento presupuestal fue disminuyendo en términos de la inflación.

Nunca fue superior a los índices inflacionarios. Y este año se vio todavía más un recorte de los fondos extraordinarios, de manera que desaparecieron totalmente. Entonces, las universidades están en una situación mucho muy complicada“, expone Gorozpe.

La última reunión entre representantes sindicales y autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue el 17 de julio.

Cuestionado al respecto, el Subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, refiere que, para afrontar esta situación, la SEP busca fondos extraordinarios, pero pide que las instituciones también pongan de su parte.

El funcionario apunta que es necesario que las universidades públicas realicen cambios y acaten medidas de austeridad para lograr los ahorros necesarios.

“Vamos a hacer un cambio estructural por completo y estamos en eso. Hemos ido avanzando. Tienen que hacer una serie de cambios estructurales para que nosotros podamos entrar a apoyarlos”, señala.

“Estamos buscando los fondos extraordinarios a partir de los cambios actuales. (Se les dijo:) Si tú cambias la estructura yo te doy el apoyo”.

Las 11 universidades públicas que están en esta situación son las autónomas y máximas casas de estudio de Nayarit, Oaxaca, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Chiapas, Baja California y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

De no haber solución a este problema, advierten, los paros comenzarán y perjudicarán a 700 mil alumnos y a entre 50 y 60 mil trabajadores administrativos.

Crece demanda, pero…

El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, informa que actualmente 4.2 millones estudian una licenciatura y alrededor de 300 mil no alcanzan un lugar.

Para garantizar que todos los solicitantes accedan a la educación superior, estima, deben pasar al menos cuatro años.

Mientras tanto, dice, la SEP ha analizado soluciones para que haya más espacios para los aspirantes.

Prevé que, de aplicarse una reorganización, se podría incrementar la matrícula estudiantil en un 10 por ciento en las universidades.

Sin embargo, admite Concheiro, éstas utilizarán la misma infraestructura, planes de estudio y de momento no se les puede garantizar más maestros.

Sobre los cuestionamientos de si se puede asegurar una educación de calidad, señala que se requiere un cambio paulatino y una reestructuración, pues a este nivel se presentan situaciones como la saturación de ciertos horarios y tiempos muertos.

La reorganización nos habla de que podríamos crecer en este momento un promedio de 10 por ciento con lo que ya tenemos de infraestructura y con los tiempos que ya tenemos“, precisa.

Tenemos un fondo especial para el crecimiento de la matrícula y la gratuidad que va a ser paulatina. También, tenemos un programa con las universidades para un mayor crecimiento con excelencia“, indica el funcionario.

Concheiro ve que una alternativa es el Programa Emergente de Rechazo Cero, en el que se ofertan 51 mil lugares en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos.

En tanto, para el secretario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls la gratuidad, mayor cobertura e incremento de matrícula deben ir acompañados de mayor presupuesto.

El llamado a incrementar los fondos a universidades públicas ha sido constante por parte de Valls, quien ha remarcado que esto es necesario para atender el creciente número de jóvenes que aspiran a realizar estudios superiores.

Más que nunca, tendremos que enfrentar nuevos retos por el potencial incremento de la matrícula derivado de la reforma constitucional“, externó ante el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, el 11 de julio, en un foro educativo.

A finales del 2018, ante anuncios de recorte en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a universidades, en cerca de 5 mil millones de pesos, rectores de diversas regiones del País alzaron la voz en contra de esta intención.

Sus reclamos fueron oídos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien prometió a que el presupuesto sería el mismo que el año anterior más la inflación.

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